La semana del 14 al 18 de julio de 2026 quedará marcada en la historia política y económica reciente de Chile como el momento en que la reforma más ambiciosa del gobierno del presidente José Antonio Kast superó su prueba más exigente hasta la fecha. La madrugada del jueves 16, tras más de doce horas de debate que se extendieron hasta las 2:40 de la mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio por concluida la votación de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Los artículos centrales de la iniciativa fueron aprobados por 26 votos a favor y 24 en contra, con el respaldo del bloque oficialista. El margen fue el mínimo necesario para una mayoría simple, y refleja con exactitud la polarización política que ha rodeado a este proyecto desde su ingreso al Congreso.
Ahora la iniciativa regresa a la Cámara de Diputados para que esa corporación se pronuncie sobre las modificaciones que el Senado introdujo al texto aprobado originalmente. Si la Cámara ratifica todos los cambios, el proyecto podrá promulgarse. Si alguna modificación es rechazada, deberá pasar a una Comisión Mixta, lo que podría extender la tramitación durante meses adicionales y mantener en suspenso la aplicación de las medidas más relevantes para el entorno de inversión.
Qué contiene la reforma: un proyecto de alcance inusual
La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social es un proyecto de alcance inusualmente amplio. Fue aprobado en general por la Cámara de Diputados en mayo de 2026, y recibió la aprobación en general del Senado a fines de junio, dando paso a la presentación de indicaciones y a la revisión en las Comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente de esa corporación. El texto final que salió del Senado integra materias que en otros momentos habrían tramitado por separado, lo que ha sido uno de los focos de crítica de la oposición, que argumentó durante el debate que varios temas de naturaleza distinta fueron agrupados para facilitar su aprobación conjunta.
En materia tributaria, los elementos más relevantes son la reducción gradual del impuesto de primera categoría —que grava las utilidades de las empresas— del 27% al 23%, acercándose al promedio de los países miembros de la OCDE, y la creación de un mecanismo de estabilización de condiciones tributarias por 20 años para inversiones que superen los USD 350 millones. La senadora Beatriz Sánchez, durante el debate, precisó que cada punto porcentual de reducción de la tasa equivale a USD 420 millones menos en recaudación fiscal anual, cifra que en cuatro puntos suma una disminución de USD 1.680 millones anuales en ingresos del Estado. El senador Daniel Núñez calificó la reintegración tributaria —otro de los componentes del proyecto— como la medida más cuestionable de la reforma, al entender que beneficia principalmente a propietarios de empresas que habían diferido o eludido obligaciones tributarias.
El proyecto también modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mecanismo que regula la tramitación de permisos para proyectos productivos, de infraestructura y de inversión en Chile. Las modificaciones apuntan a reducir los tiempos y simplificar los procedimientos, uno de los objetivos más consistentemente identificados por el mundo empresarial como condición para acelerar la inversión. En el bloque que el Senado aprobó en la tarde del miércoles 15 de julio, quedaron también incluidas disposiciones sobre comercio exterior, educación superior, empleo público, probidad administrativa y seguridad privada, materias que formaban parte de los artículos aprobados en primera instancia antes de que la sesión se extendiera hasta la madrugada con los contenidos de mayor controversia.
En el ámbito social, la reforma contempla el financiamiento de más de 4.000 viviendas para familias damnificadas por los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, y una exención transitoria de IVA para la compra de viviendas nuevas orientada a reactivar el sector de la construcción. También incluye la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años sobre su primera vivienda, y medidas de apoyo a la formalización del empleo.
El debate político y sus proyecciones
El proceso de tramitación de la megarreforma reveló tanto la fortaleza del gobierno para sacar adelante sus prioridades legislativas como la fragilidad de los márgenes con que lo hace. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), destacó en su Cuenta Pública de la semana previa que el gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, demostraron voluntad de escuchar a distintas fuerzas políticas. Ese esfuerzo de diálogo permitió sumar votos en la Cámara, aunque no logró ampliar el margen en el Senado más allá de los dos votos de diferencia.
La oposición, integrada por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, anunció que presentará requerimientos ante el Tribunal Constitucional en relación con algunos artículos de la reforma, particularmente los vinculados a la reintegración tributaria y a los cambios al SEIA. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional sea llamado a revisar partes del proyecto antes de su promulgación es un factor de incertidumbre adicional que los actores del sector privado seguirán con atención en las próximas semanas.
Para el analista político Gilberto Aranda, la megarreforma refleja la orientación económica de la administración Kast, caracterizada por una mayor participación del sector privado, una reducción del rol del Estado en la economía y políticas tributarias favorables a la inversión empresarial. Desde el campo de los economistas, hay quienes destacan que la reducción de la tasa corporativa al 23% alinea a Chile con los estándares de la OCDE y puede contribuir a mejorar el ambiente para la inversión extranjera directa. Otros advierten que el impacto efectivo sobre el crecimiento dependerá de si la reforma logra transmitir señales de certeza jurídica sostenida, y no solo de los cambios en la tasa nominal.
El exasesor del Ministerio de Hacienda Jaime Troncoso señaló que la etapa que sigue a la aprobación legislativa —la ejecución— es donde se jugará la verdadera prueba de fuego. El ministro Quiroz, a su vez, reconoció que tiene pendiente una segunda fase de la agenda económica centrada en la reforma al mercado de capitales, sector que no ha sido objeto de cambios sustantivos en los últimos 15 años y que involucra a fintechs, corredoras, aseguradoras y administradoras de activos.
Lo que está en juego para el comercio exterior y la logística
Más allá del debate tributario, la megarreforma tiene consecuencias directas y concretas para el comercio exterior y la cadena logística chilena que merecen una lectura específica desde el sector aduanero.
El mecanismo de estabilización tributaria por 20 años para inversiones superiores a USD 350 millones es, en términos prácticos, una herramienta de atracción de capital de largo plazo para proyectos que requieren horizontes de planificación extendidos: minas, puertos, infraestructura de transmisión eléctrica, terminales logísticos, plantas industriales de gran escala. Chile compite en este ámbito con otras economías latinoamericanas que también ofrecen garantías de estabilidad regulatoria a los inversionistas. La existencia de un instrumento legal que acote el riesgo de cambios en las reglas del juego puede ser determinante para que proyectos de la magnitud del Puerto Exterior de San Antonio, los desarrollos mineros binacionales con Argentina, o las ampliaciones de infraestructura en la macrozona norte se materialicen dentro de los plazos que el país requiere.
Las modificaciones al SEIA son igualmente relevantes desde esta perspectiva. La permisología es uno de los factores que más ha pesado en los análisis sobre la pérdida de dinamismo de la inversión chilena durante la última década. Un sistema de evaluación ambiental más predecible, con plazos definidos y menor riesgo de judicialización, reduciría uno de los principales costos de entrada que desincentivan la ejecución de proyectos de infraestructura logística, portuaria, vial y ferroviaria. Sin certeza en los plazos de aprobación, es difícil que los operadores privados comprometan capital en proyectos de esa escala. Y sin esos proyectos, Chile no puede cerrar las brechas de infraestructura que limitan su competitividad como plataforma exportadora.
Las disposiciones de la reforma relacionadas con comercio exterior, aunque no han sido detalladas completamente en los reportes disponibles al cierre de esta nota, fueron incluidas entre los artículos aprobados en el primer bloque de la sesión del 15 de julio. Su contenido específico será determinante para evaluar el impacto directo de la ley sobre los procesos de despacho, la facilitación del comercio y los mecanismos de coordinación entre el Servicio Nacional de Aduanas y los operadores de la cadena.
La recuperación de la confianza: el verdadero desafío de fondo
Más allá de los contenidos técnicos de la reforma, el debate que rodea a la megarreforma ilustra un desafío que trasciende a cualquier proyecto de ley particular: la necesidad de reconstruir un clima de confianza entre los distintos actores de la sociedad chilena —el Estado, el sector privado, los trabajadores, las comunidades— que permita al país acordar una agenda de desarrollo compartida y ejecutarla con continuidad.
Chile acumula más de una década de bajo crecimiento económico, con tasas que no superan el 2% anual en promedio y una inversión privada que ha caído como porcentaje del PIB de manera sostenida. El diagnóstico de esta situación es ampliamente compartido: incertidumbre regulatoria, tramitación lenta de permisos, exceso de judicialización de proyectos productivos y una relación tensa entre el sector privado y el Estado. Sin embargo, los remedios propuestos generan debate intenso, porque afectan intereses distintos y porque las reformas de esta magnitud producen inevitablemente ganadores y perdedores en el corto plazo.
Lo que la experiencia comparada demuestra es que las reformas estructurales no producen sus efectos de manera inmediata. La reducción de la tasa de impuesto corporativo no se traduce en nueva inversión de la noche a la mañana: requiere que los inversionistas perciban que las condiciones del entorno son estables, predecibles y protegidas por instituciones que aplican las reglas de manera consistente. La simplificación de la permisología no acelera proyectos de inmediato: requiere que los organismos del Estado interioricen los nuevos procedimientos y los apliquen con la eficiencia que la norma promete. Y la reconstrucción de la confianza entre los actores sociales no se decreta: se construye en el tiempo, a través de decisiones que demuestran consistencia y buena fe.
En ese sentido, el momento en que la Cámara de Diputados vote la megarreforma a partir del 21 de julio es importante, pero no es el momento decisivo. El verdadero punto de inflexión será el que viene después: la capacidad del Estado de implementar las medidas aprobadas con eficacia, de mantener la disciplina fiscal que preserve la credibilidad macroeconómica del país, y de gestionar los espacios de diálogo con quienes se oponen a la reforma de manera que no se cierren las puertas a los ajustes que puedan requerirse en el camino.
Desde la Cámara Aduanera de Chile A.G. seguimos con atención este proceso, convencidos de que el comercio exterior y la cadena logística necesitan un entorno de certeza, instituciones eficientes y confianza entre los actores para funcionar con la competitividad que Chile requiere. La aprobación de la megarreforma puede ser un paso en esa dirección. Pero su valor real lo determinará la calidad de su ejecución.
Fuentes: France 24 / AFP, «El Senado aprueba la megarreforma económica de Kast en Chile», 16 julio 2026; La Tercera, «Minuto a minuto: revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast», julio 2026; BioBioChile, «Megarreforma avanza: Senado aprueba primer bloque de artículos en sesión maratónica», julio 2026; EFE, «Senado aprueba megarreforma económica de Kast en Chile», 16 julio 2026; Ministerio de Hacienda de Chile; Servicio Nacional de Aduanas de Chile.