La Aduana de Magallanes fiscaliza el 17% del flujo vehicular de todo Chile con menos efectivos de los necesarios, combate redes transnacionales de contrabando y desmantela un lucrativo negocio de turismo ilegal antártico. El balance de 2025 revela una institución que opera al límite de su capacidad en uno de los territorios más estratégicos del país.
Hay algo que los números no terminan de explicar, pero que los funcionarios de la Aduana Regional de Punta Arenas conocen bien: la distancia entre lo que se exige y lo que se tiene para cumplirlo. Con 113 efectivos —cuando la dotación técnicamente requerida es de 130—, la Dirección Regional de Aduanas de Magallanes administró durante 2025 el tercer flujo fronterizo más intenso de Chile, concentrando el 17% del total de ingresos y salidas vehiculares del país. Solo las regiones de Arica y Parinacota y Valparaíso registraron mayor movimiento.
El dato es relevante por sí solo. Se vuelve contundente cuando se desglosa: tres de los complejos fronterizos de Magallanes —Paso Dorotea, Integración Austral y San Sebastián— integran el Top 10 nacional en flujo de vehículos particulares, y la sumatoria de sus registros equipara al complejo Los Libertadores, el paso más conocido de la zona central del país. Dorotea procesó cerca de 200.000 vehículos en 2025; Integración Austral, 155.000; San Sebastián, 110.000. En carga pesada, Monte Aymón superó los 100.000 camiones y San Sebastián los 70.000, consolidándose como la arteria principal para el abastecimiento de Tierra del Fuego. El Paso Don Guillermo, en tanto, se ubicó en el tercer lugar nacional en flujo de buses turísticos, sustentado en la demanda creciente del turismo de invierno en la Provincia de Última Esperanza.
Detrás de esa actividad existe, sin embargo, una presión creciente. El extremo austral ha dejado de ser una zona geográficamente remota para convertirse en un corredor de interés para el crimen organizado transnacional. Las estructuras que se han detectado y desarticulado en los últimos años en Magallanes no son grupos improvisados: tienen jerarquías definidas, roles especializados, contabilidad interna, logística de rutas y conexiones que atraviesan fronteras. Así lo confirmó la Fiscalía Regional de Magallanes al formalizar, en noviembre de 2023, a 21 personas de cinco nacionalidades distintas por asociación criminal, lavado de activos y contrabando aduanero en el marco del caso «Sin Fronteras», operación que involucró trabajo coordinado entre la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía, la Brigada Antinarcóticos de la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.
Ese caso fue una señal de lo que vendría. Las incautaciones de cigarrillos de contrabando pasaron de 52.500 cajetillas en 2024 a más de 615.000 en 2025, un salto que supera el 1.000% en términos relativos y que no puede leerse como un fenómeno aislado. El contexto regional agrava el cuadro: según un informe elaborado por KPMG y presentado en Washington en abril de 2026 ante el Council of the Americas, Chile registró en 2025 un deterioro de 7,3 puntos porcentuales en la participación del comercio ilícito de tabaco, llegando a una incidencia del 57,9%. La pérdida para las arcas fiscales chilenas por evasión tributaria asociada al contrabando de cigarrillos ha sido estimada, en distintos estudios, en cifras que rondan los 800 millones de dólares anuales.
La geografía de la región facilita este negocio. La extensión territorial, la intensidad del movimiento binacional y la existencia de múltiples pasos y rutas secundarias crean condiciones propicias para el contrabando cuando la vigilancia no es permanente. En Magallanes, la vigilancia sí es permanente —ese es precisamente el mérito de sus funcionarios—, pero operar en esas condiciones con una dotación inferior a la técnicamente establecida implica un desgaste institucional que no puede ignorarse en el mediano plazo.
El segundo frente abierto durante 2025 tiene otro escenario: el mar. Desde fines de 2024 y a lo largo del año pasado, operativos interagenciales entre la Autoridad Marítima, la Aduana Regional y la Policía de Investigaciones detectaron un lucrativo esquema de turismo irregular protagonizado por veleros y yates de bandera extranjera. La mecánica era consistente: las embarcaciones tramitaban ante la Aduana la admisión temporal sin fines comerciales —el régimen estándar para naves privadas de tránsito— y luego ofrecían a turistas paquetes de varios días de navegación por los fiordos patagónicos y las aguas antárticas, con tarifas que oscilaban entre los 8 y los 14 millones de pesos por pasajero. Los pasajeros eran presentados como tripulantes al momento de las fiscalizaciones. Uno de esos veleros llegó a publicitar sus servicios en un sitio web de nombre «Alegría Marineros».
La primera incautación se produjo en Puerto Williams en diciembre de 2024. Durante 2025 se sumaron cuatro casos más, con operativos en Puerto Williams, Puerto Natales y Punta Arenas. La primera embarcación detenida debió pagar más de 72 millones de pesos en multas para regularizar su situación. Las sanciones por este tipo de infracciones pueden alcanzar los 100 millones de pesos, y una de las embarcaciones se encuentra actualmente en proceso de remate en Puerto Williams tras no cumplir con los pagos. Al cierre del balance de 2025 se contabilizaban cinco yates incautados; en lo que va de 2026, ya se suma uno más.
El esquema no es solo una infracción tributaria. Afecta a operadores locales que sí cumplen con la normativa, genera competencia desleal en un mercado turístico de alta gama y entraña riesgos reales para los propios pasajeros, que contratan servicios sin ningún respaldo regulatorio en aguas extremas. El Servicio Nacional de Turismo, la Seremi de Economía y gremios como la Asociación Hotelera y de Turismo han respaldado públicamente las fiscalizaciones y han pedido mayor dotación de recursos para los organismos encargados del control en la zona.
La discusión de fondo va más allá de las cifras de un balance anual. Magallanes es el territorio donde convergen el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle, la proyección soberana antártica, el turismo internacional de alto valor y las rutas logísticas del extremo sur del continente. En ese contexto, la Aduana Regional no es solo una institución recaudatoria: es parte de la arquitectura de control estatal en un área donde la presencia efectiva del Estado tiene consecuencias directas sobre la soberanía, la seguridad y la economía formal.
Para el año en curso, la Dirección Regional confirmó la licitación de seis nuevos equipos de tecnología no invasiva —escáneres y otros dispositivos de fiscalización— que se sumarán a la operación durante 2026. También anunció la donación de mercancías abandonadas de origen legal, como computadores y televisores, a escuelas rurales de la región. Son gestos que hablan de una institución que busca insertarse en el tejido social del territorio que custodia.
Lo que no resuelven esas medidas es la ecuación de fondo: una frontera de las dimensiones y la complejidad de Magallanes requiere más personas, más tecnología y más presupuesto del que hoy tiene. Los funcionarios que cada día abren y cierran pasos a cientos de vehículos, fiscalizan carga en condiciones climáticas extremas y enfrentan estructuras del crimen organizado con recursos limitados merecen algo más que un buen lugar en el ranking nacional. Merecen que el Estado cierre la brecha entre lo que se les pide y lo que se les da en un camino que, afortunadamente, ya ha comenzado.
Fuentes: Radio Magallanes, Servicio Nacional de Aduanas de Chile, La Prensa Austral, Emol, El Periodista, Ministerio Público de Chile (Informe de Crimen Organizado 2025), KPMG / Council of the Americas (abril 2026), DIRECTEMAR, El Pingüino.