La expansión de las economías ilícitas constituye hoy uno de los desafíos más relevantes para el desarrollo económico y la seguridad institucional de Chile. Lejos de limitarse al ingreso clandestino de mercancías por las fronteras, este fenómeno ha evolucionado hacia estructuras cada vez más complejas que combinan contrabando, fraude tributario, falsificación, lavado de activos, comercio informal organizado y delitos asociados al crimen organizado.
Los antecedentes presentados recientemente por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) indican que la economía ilícita moviliza más de US$5.700 millones anuales, una cifra que evidencia la magnitud del problema y sus múltiples efectos sobre la actividad económica nacional. El impacto no solo se refleja en menores ingresos fiscales, sino también en una competencia desleal para las empresas que cumplen la normativa, mayores costos para el Estado y una creciente vulnerabilidad de las cadenas logísticas.
El fenómeno fue abordado durante un encuentro convocado por la CPC, que reunió a representantes del sector público, gremios empresariales y especialistas con el propósito de analizar sus implicancias y avanzar en propuestas de acción coordinada.
Entre los participantes estuvo el presidente de la Cámara Aduanera de Chile A.G., Felipe Serrano Solar, quien representó al gremio de los agentes de aduana en una instancia orientada a fortalecer la cooperación entre los distintos actores vinculados al comercio exterior.
Un fenómeno que trasciende el contrabando
Las organizaciones internacionales han advertido que las economías ilícitas evolucionan a la par del crecimiento del comercio internacional y del desarrollo tecnológico. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) sostiene que las redes criminales utilizan cadenas logísticas globales cada vez más sofisticadas para ocultar operaciones ilegales, aprovechando diferencias regulatorias, falsificación documental y mecanismos financieros complejos.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que el comercio ilícito genera importantes distorsiones económicas, reduce la recaudación tributaria, afecta la innovación, deteriora la competencia y desincentiva la inversión formal.
En Chile, la situación adquiere especial relevancia debido a que el comercio exterior representa uno de los principales motores de crecimiento económico. La existencia de puertos altamente activos, extensas fronteras terrestres y una amplia red logística convierte al país en un actor relevante dentro del intercambio internacional, pero también exige mantener elevados estándares de control y fiscalización.
El rol estratégico del sistema aduanero
En este contexto, el Servicio Nacional de Aduanas desempeña una función esencial en la protección de las fronteras económicas del país. Su labor no solo considera la fiscalización de mercancías, sino también la facilitación del comercio legítimo mediante procesos cada vez más digitalizados, sistemas de gestión de riesgos y coordinación con organismos nacionales e internacionales.
Los agentes de aduana forman parte de ese ecosistema institucional. Como auxiliares de la función pública aduanera, participan en la correcta aplicación de la normativa, contribuyen a la trazabilidad documental de las operaciones y colaboran para que las importaciones y exportaciones se desarrollen conforme a la legislación vigente.
La creciente sofisticación de las organizaciones criminales hace indispensable fortalecer herramientas como el análisis de riesgo, la interoperabilidad entre instituciones, el intercambio de información y el uso de tecnologías avanzadas para detectar operaciones sospechosas sin afectar la fluidez del comercio legal.
La importancia de la colaboración público-privada
Uno de los principales consensos surgidos durante la actividad organizada por la CPC fue que ninguna institución puede enfrentar este fenómeno de manera aislada.
Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Análisis Financiero, policías, Ministerio Público, empresas y gremios vinculados al comercio exterior deben actuar de forma coordinada para fortalecer la prevención, detección y persecución de los delitos económicos asociados al comercio ilícito.
La experiencia internacional demuestra que los países con mejores resultados combinan inteligencia, tecnología, coordinación institucional y participación activa del sector privado para proteger la integridad de sus cadenas logísticas.
Un desafío para la competitividad del país
Combatir las economías ilícitas no solo responde a objetivos de seguridad. También constituye una condición indispensable para mantener la competitividad de Chile en los mercados internacionales.
La confianza de inversionistas, exportadores e importadores depende, en buena medida, de contar con instituciones sólidas, reglas claras y sistemas eficientes que garanticen operaciones transparentes y seguras.
En ese escenario, fortalecer la institucionalidad aduanera, modernizar los procesos de control y profundizar la cooperación entre los distintos actores del comercio exterior representa una inversión estratégica para el desarrollo del país.
La participación de la Cámara Aduanera de Chile A.G., encabezada por su presidente Felipe Serrano Solar, en este tipo de instancias refleja el compromiso del gremio con la construcción de políticas que promuevan un comercio exterior seguro, transparente y competitivo, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar uno de los desafíos económicos más complejos de la actualidad.