El canciller Francisco Pérez Mackenna llegó el domingo 10 de mayo a Nueva Delhi para una estancia que se prolongará hasta el 15 del mismo mes, con una agenda que mezcla cumbres empresariales, reuniones ministeriales y encuentros con importadores, todo articulado alrededor de un objetivo que el gobierno chileno no vacila en calificar de histórico: cerrar el Acuerdo de Asociación Económica Integral con India, conocido por sus siglas en inglés como CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement.
La gira no fue improvisada. En abril, el propio canciller había sostenido una videoconferencia con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, para tender el puente político que permitiera acelerar la negociación técnica. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se había reunido por su cuenta con Goyal y con el secretario del Departamento de Comercio de India, Rajesh Agrawal, en el mismo período. La comunicación, según la propia subsecretaria, fue fluida, y el resultado de esos contactos fue el compromiso de sostener reuniones técnicas en las semanas siguientes. Lo que en mayo se desarrolló en terreno es, en buena medida, la continuación de ese proceso.
La base institucional que hoy rige el comercio entre ambos países es modesta en comparación con la magnitud del vínculo que la diplomacia quiere construir. El Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde 2007 y ampliado en 2017, otorgó preferencias arancelarias a un número acotado de partidas, sentando un precedente útil pero insuficiente para la escala que tiene hoy la relación bilateral. El CEPA aspira a reemplazarlo con una arquitectura integral: cobertura arancelaria ampliada, capítulos de servicios, inversiones, comercio digital, propiedad intelectual y facilitación de comercio, entre otros.
Las cuatro rondas de negociación ya completadas han generado avances concretos en varios de esos capítulos, aunque los puntos más sensibles —acceso a mercados agrícolas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y tratamiento de inversiones— siguen siendo los de mayor complejidad técnica y política. India es históricamente cautelosa en materia de apertura arancelaria agrícola, y ese frente será determinante para definir si el acuerdo efectivamente diversifica la canasta exportadora chilena o si termina fortaleciendo solo los sectores donde el país ya es fuerte.
El contexto estadístico da buenas razones para persistir. El comercio bilateral entre Chile e India superó los US$ 5.500 millones en 2025, con un incremento de cerca del 50% respecto al año anterior, cifra que ubica a India como el séptimo socio comercial de Chile en términos globales. En 2026, el ascenso ha sido todavía más acelerado: en los primeros cuatro meses del año, India aumentó su participación en las exportaciones chilenas un 198% respecto al mismo período de 2025, lo que la llevó al cuarto lugar entre los destinos de los envíos nacionales, detrás de China, Estados Unidos y Japón. El gremio exportador ya reconoce al CEPA como una prioridad definida por el gobierno, y el interés del sector privado quedó de manifiesto en la composición de la delegación que acompañó al canciller a Nueva Delhi.
El argumento estructural que sostiene esta apuesta es conocido, pero no por eso pierde fuerza. India tiene hoy 1.460 millones de habitantes, un PIB de casi US$ 4 billones y proyecciones de convertirse en la tercera economía global hacia 2030. Su clase media crece a ritmos que no tienen equivalente en ninguna otra economía emergente, y su demanda de materias primas, alimentos elaborados, vinos y servicios continuará expandiéndose. Para Chile, que destina hoy apenas el 3,7% de sus exportaciones a ese mercado, el margen de crecimiento es evidente. El problema es que ese margen solo se materializará con un marco jurídico que rebaje aranceles, entregue certeza a los exportadores y haga competitivos a los productos chilenos frente a los de otros países que ya están avanzando en sus propios acuerdos con India.
Para los sectores frutícola y vitivinícola, los beneficios dependerán en gran medida de lo que ocurra en las negociaciones sanitarias y fitosanitarias. La apertura del mercado indio al ingreso de uvas, manzanas, kiwis, cerezas y otros productos chilenos requiere no solo una rebaja arancelaria, sino el reconocimiento de los protocolos de certificación chilenos y el establecimiento de mecanismos ágiles de control en destino. Sin ese componente, la reducción de aranceles sería insuficiente. Para el vino, en cambio, el impacto se concentraría principalmente en la baja arancelaria, dado que India aplica hoy tarifas que encarecen de forma significativa la botella chilena frente a competidores europeos que ya cuentan con mejores condiciones de acceso.
Lo que suele quedar fuera de los titulares diplomáticos es el efecto práctico que un CEPA tiene sobre la operatoria cotidiana del comercio exterior. Para los agentes de aduana y los operadores logísticos, un acuerdo de esta naturaleza no es solo una buena noticia: es trabajo concreto por anticipar. Cada nuevo acuerdo integral trae consigo la identificación de las partidas beneficiadas, la comprensión de las reglas de origen aplicables, el dominio de los mecanismos de certificación y la gestión de los trámites que acreditan el cumplimiento de los requisitos de acceso preferencial. En el caso de India, la distancia física, la ausencia de rutas marítimas directas consolidadas y las particularidades del sistema aduanero indio añaden capas de complejidad que los operadores del comercio exterior tendrán que gestionar.
Desde la perspectiva logística, el CEPA implicaría el desarrollo o fortalecimiento de rutas marítimas entre puertos chilenos del Pacífico y los principales puertos indios —Nhava Sheva, Chennai y Mundra entre ellos—, mayores requerimientos de cadena de frío para el despacho de productos perecibles, y una coordinación más estrecha entre exportadores, navieras y agentes de aduana en ambos extremos de la cadena. La trazabilidad, que ya es una exigencia creciente en la mayor parte de los mercados asiáticos, adquiriría en el caso de India una dimensión adicional, vinculada a los requisitos de etiquetado, certificación de origen y presentación documental.
Académicos consultados sobre el impacto del acuerdo han sido cuidadosos al proyectar sus efectos. El decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena, señaló que el CEPA no alterará de manera inmediata la base de las ventajas comparativas de Chile, que seguirá siendo una economía fuerte en recursos naturales y agroindustria, pero que sí puede mover la frontera de esas ventajas, abriendo espacio para nuevos sectores, más servicios, mayor procesamiento y más valor agregado. En otras palabras, el acuerdo no cambia la geografía económica del país, pero puede cambiar los incentivos para producir, invertir y exportar de manera más sofisticada. El economista René Fernández apuntó, por su parte, que el CEPA se perfila como un instrumento de corrección estructural que trasciende la mera rebaja arancelaria, en la medida en que puede corregir el déficit crónico de las exportaciones no mineras chilenas mediante la apertura efectiva de un mercado de 1.400 millones de consumidores para productos como las carnes blancas, los frutos secos y los servicios digitales.
El canciller Pérez Mackenna resumió la posición del gobierno con precisión: Chile espera concluir las negociaciones dentro de un plazo razonable, para alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie a ambas naciones y que entregue el marco jurídico fundamental para la relación económica bilateral en los próximos años. La ambición está declarada. El resultado dependerá de cuánto margen político encuentre el equipo negociador para avanzar en los puntos más difíciles, y de si ambas partes priorizan cerrar en 2026 o prefieren tomarse más tiempo para construir un acuerdo más robusto.
Lo que está claro es que Chile tiene frente a sí una oportunidad de diversificación que no se repetirá en los mismos términos. India crecerá con o sin acuerdo. La preparación no comienza el día de la firma. Comienza ahora.