El proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast ha abierto un nuevo ciclo de debate en torno al crecimiento económico en Chile. Si bien el foco inicial ha estado puesto en la rebaja del impuesto corporativo y en las medidas de incentivo a la inversión, existe una dimensión menos visible pero igualmente relevante: su impacto potencial sobre el comercio exterior y, en particular, sobre el ecosistema operativo en el que se desenvuelven los agentes de aduana.
Desde una perspectiva estructural, la propuesta busca alterar los incentivos que han condicionado la inversión en la última década. La combinación de una menor carga tributaria, mayor certeza regulatoria y reducción de los tiempos asociados a la obtención de permisos apunta a reactivar proyectos de gran escala, muchos de los cuales se encuentran detenidos o postergados. Estos proyectos, concentrados en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, comparten una característica esencial: su profunda integración con cadenas de suministro internacionales.
En ese contexto, el primer efecto observable no se produciría en las exportaciones, sino en las importaciones. La ejecución de proyectos intensivos en capital requiere la internación de maquinaria, equipos especializados y tecnologías que, en su mayoría, no se producen localmente. Esto implica un aumento en el volumen de operaciones aduaneras, pero también un cambio cualitativo en su naturaleza. Se trata de cargas de alto valor, sujetas a regímenes especiales, con exigencias documentales complejas y, en muchos casos, vinculadas a contratos internacionales de gran envergadura.
En una segunda etapa, y dependiendo de la consolidación de las condiciones que el propio proyecto intenta establecer, el impacto se trasladaría hacia el frente exportador. La eventual materialización de nuevas inversiones en minería y energía podría traducirse en un aumento sostenido de las exportaciones, particularmente en productos como el cobre y el litio, que ya constituyen pilares del comercio exterior chileno. Sin embargo, este proceso no es automático ni inmediato. La experiencia comparada muestra que la inversión en sectores extractivos tiene horizontes de maduración prolongados y está sujeta a variables externas, como los precios internacionales y la demanda global.
Más allá de los volúmenes, el elemento distintivo del escenario que podría configurarse es la creciente complejidad de las operaciones. El comercio exterior contemporáneo no se limita al movimiento de bienes, sino que incorpora estándares regulatorios, exigencias de trazabilidad y compromisos internacionales que elevan significativamente el umbral de cumplimiento. En este entorno, el rol de los agentes de aduana se encuentra en plena transformación.
Tradicionalmente, la función del agente ha estado asociada a la correcta tramitación de destinaciones aduaneras y al cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, el nuevo contexto exige capacidades adicionales. La participación en proyectos de inversión de gran escala requiere una comprensión integral de los marcos tributarios, la capacidad de anticipar contingencias regulatorias y la habilidad para coordinarse con múltiples actores, tanto públicos como privados.
Al mismo tiempo, emergen riesgos que no pueden ser soslayados. El primero de ellos es de carácter político. La viabilidad del proyecto depende de su tramitación legislativa en un escenario en que el gobierno no cuenta con mayorías claras. La incertidumbre asociada a posibles modificaciones o a una eventual dilación en su aprobación puede afectar las decisiones de inversión, reduciendo el impacto esperado de las medidas.
El segundo riesgo es fiscal. La reducción de ingresos tributarios, en ausencia de un crecimiento suficientemente acelerado que compense esa merma, podría tensionar las ya debilitadas cuentas públicas heredadas de la administración anterior.
Finalmente, debe considerarse el entorno internacional. Chile compite con otras economías por atraer inversión en sectores estratégicos, y si bien la carga tributaria es un factor relevante, no es el único ni necesariamente el más determinante. La estabilidad institucional, la certeza jurídica y la calidad de la infraestructura siguen siendo elementos centrales en la toma de decisiones de los inversionistas.
En este escenario, el comercio exterior chileno se encuentra ante una posible inflexión. La reforma podría sentar las bases para un nuevo ciclo de expansión, pero su materialización dependerá de un conjunto de condiciones que trascienden el ámbito tributario. Para los agentes de aduana, el desafío no radica únicamente en adaptarse a un mayor volumen de operaciones, sino en evolucionar hacia un rol más estratégico, capaz de agregar valor en un entorno cada vez más complejo y exigente.