Fallo judicial peruano que limita supervisión estatal sobre megapuerto operado por COSCO china desató tensiones EE.UU.-China con profundas implicancias para comercio exterior y sistemas aduaneros regionales
El 29 de enero de 2026, un juez constitucional de Lima emitió sentencia que colocó al Puerto de Chancay en centro de controversia geopolítica sin precedentes en América Latina, generando alertas desde Washington y respuestas desde Beijing.
El Megapuerto: Infraestructura Estratégica
Ubicado 80 km al norte de Lima, Chancay representa una inversión de US$1.300 millones (fase 1), con proyección total superior a US$3.500 millones. Inaugurado en noviembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y el presidente Xi Jinping, tiene capacidad para un millón de contenedores anuales.
La propiedad es compartida entre COSCO Shipping Ports (60%, empresa estatal china) e Inversiones Portuarias Chancay (40%, subsidiaria minera peruana Volcan). En el primer año movilizó 336.000 TEUs, reduciendo tiempos tránsito China-Perú a 23 días y costos logísticos más del 20%.
Fallo Judicial Controversial
El juez Juan Carlos Núñez declaró fundada acción de amparo de COSCO contra Ositran (Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte). La sentencia ordena a Ositran «abstenerse de ejercer facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción» sobre operaciones COSCO en Chancay.
Única excepción: intervención tarifaria condicionada a determinación previa de Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia).
Argumento: puerto construido con capital privado, sin subsidios estatales ni concesión pública, no puede aplicarse régimen regulatorio de puertos públicos o concesionados.
Tensiones Geopolíticas
Estados Unidos
El 11 de febrero 2026, el Departamento de Estado expresó estar «preocupados por informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, bajo jurisdicción de propietarios chinos depredadores».
Washington advirtió: «Que esto sirva de advertencia para la región: el dinero barato chino cuesta soberanía».
El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, fue igual de claro al declarar «No hay precio más alto que perder soberanía».
China y COSCO
COSCO Shipping rechazó las acusaciones el pasado 12 de febrero: «Su naturaleza privada (del puerto) no significa afectación de soberanía; el puerto no tiene extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria».
La Embajada de China en Perú también se refirió al tema: «La cooperación siempre se basa en respeto mutuo. Nos oponemos a acciones que interfieran en la soberanía de otros países».
Posición Gobierno Peruano
La Presidencia del Consejo de Ministros anunció apelación de sentencia: «Perú promueve la inversión extranjera, pero debe estar sujeta a condiciones y vigilancia constitucionales».
Verónica Zambrano, presidenta Ositran, calificó la situación como «hecho sin precedentes»: «Nunca un supervisado había solicitado amparo para que no se le aplique la ley».
Zambrano advirtió que la falta de supervisión genera un «punto ciego regulatorio» dejando a usuarios, importadores y exportadores sin mecanismos transparentes de protección.
Implicaciones Comercio Exterior
Ventajas Logísticas
Chancay consolidó ventajas competitivas significativas:
- Reducción tiempos tránsito marítimo China-Sudamérica
- Disminución costos logísticos superiores al 20%
- Rutas directas para Ecuador, Bolivia
- Presión competitiva sobre puertos regionales
Riesgos Regulatorios
La controversia genera incertidumbres:
- Marco regulatorio indefinido
- Transparencia tarifaria cuestionada
- Mecanismos resolución de conflictos poco claros
- Planificación despachos aduaneros complicada
Impacto Sistemas Aduaneros
Autoridades aduaneras mantienen presencia operativa:
- Servicio Nacional de Aduanas opera controles
- Autoridad Portuaria Nacional supervisa operaciones
- Entidades fitosanitarias activas
- Seguridad nacional garantizada
Desafíos por limitación Ositran:
- Supervisión de prácticas comerciales reducida
- Fiscalización competencia limitada
- Protección usuarios servicios portuarios disminuida
Precedente Regional
Chancay establece un precedente sobre equilibrio entre inversión extranjera, autonomía regulatoria y seguridad estratégica en infraestructura crítica, tema de creciente relevancia en América Latina ante expansión inversiones chinas en puertos, energía y telecomunicaciones.
También es una oportunidad estratégica para el comercio exterior sudamericano y un desafío regulatorio sin precedentes. La evolución judicial y diplomática del caso será determinante para definir marcos de control estatal sobre infraestructura crítica financiada con capital extranjero y las oportunidades que se abren para Chile en el norte grande.
Para el sector aduanero, el caso subraya la importancia de marcos regulatorios claros, interoperables y robustos que soporten nuevas dinámicas logísticas sin comprometer transparencia, competencia ni protección de usuarios.
La situación permanece en evolución con apelación gubernamental pendiente y tensiones geopolíticas activas.