El fallo reciente del Tribunal Constitucional de Chile en el denominado «caso Maersk Saltoro» constituye un hito relevante para el comercio exterior del país. La decisión, adoptada de manera unánime, rechazó el requerimiento presentado por exportadores que buscaban declarar inaplicable el límite legal de responsabilidad del transportista marítimo, consolidando así un principio histórico del derecho marítimo internacional.
El origen del conflicto se remonta a enero de 2025, cuando el buque portacontenedores Maersk Saltoro sufrió una falla mecánica en alta mar, quedando a la deriva durante más de veinte días en el océano Pacífico. La carga transportada, compuesta en gran medida por cerezas chilenas con destino a Asia, no logró arribar en condiciones comerciales adecuadas, generando pérdidas totales para los exportadores.
Las estimaciones sitúan el daño económico por sobre los 160 millones de dólares. Sin embargo, debido a la aplicación del régimen de limitación de responsabilidad, las compensaciones efectivas se reducirían a una fracción de ese monto. Este mecanismo, reconocido en diversas legislaciones y convenios internacionales, busca evitar que eventos de gran magnitud provoquen la insolvencia de las navieras.
El Tribunal Constitucional concluyó que esta limitación no vulnera garantías fundamentales, validando su aplicación en el ordenamiento jurídico chileno. Con ello, se reafirma la vigencia de un sistema que, si bien otorga estabilidad a la industria naviera, genera tensiones evidentes con los intereses de los exportadores.
El impacto de este fallo debe analizarse en un contexto particularmente complejo para el sector frutícola. Durante la temporada 2025, los productores de cerezas no lograron alcanzar los precios esperados en los mercados internacionales, debido a factores como la sobreoferta, condiciones logísticas adversas y variaciones en la demanda. Este escenario ya había debilitado la rentabilidad del negocio, situación que se ve profundizada con la imposibilidad de recuperar plenamente las pérdidas asociadas al siniestro.
Para el comercio exterior chileno, el caso expone con claridad los riesgos inherentes a las cadenas logísticas globales. La alta dependencia del transporte marítimo, especialmente en productos perecibles, deja a los exportadores en una posición vulnerable frente a eventos que escapan a su control directo.
En esta realidad, el rol de los agentes de aduana adquiere especial relevancia. Su función no solo se limita a la tramitación documental, sino que se extiende a la gestión integral del proceso de exportación, incluyendo la identificación de riesgos, la coordinación con operadores logísticos y la asesoría en materia de seguros y cumplimiento normativo. La complejidad del escenario exige una mayor sofisticación en la toma de decisiones y una comprensión profunda de las reglas que rigen el comercio internacional.
Asimismo, el fallo pone de relieve la necesidad de fortalecer instrumentos de mitigación de riesgos. La contratación de seguros adecuados, la diversificación de rutas y mercados, y la incorporación de tecnologías para el monitoreo de cargas se perfilan como elementos clave para enfrentar contingencias similares en el futuro.
Desde una perspectiva sistémica, la resolución del Tribunal Constitucional también plantea un desafío en términos de competitividad. Si bien la limitación de responsabilidad es un estándar internacional, su impacto en economías exportadoras como la chilena puede ser significativo, especialmente cuando se trata de productos de alto valor y alta sensibilidad logística.
En definitiva, el caso Maersk Saltoro no solo representa una controversia jurídica puntual, sino que evidencia las asimetrías existentes en el comercio marítimo global. Para Chile, país cuya economía depende en gran medida de sus exportaciones, el desafío radica en adaptarse a estas condiciones, fortaleciendo su institucionalidad, sus prácticas logísticas y su capacidad de respuesta frente a escenarios adversos.