El 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció desde el Foro Económico Mundial de Davos una medida que ningún analista de comercio exterior había anticipado: la imposición de una tasa del 30 % sobre la totalidad de las importaciones provenientes de Colombia. El argumento no fue el déficit comercial ni una práctica de dumping. Fue la seguridad nacional. Noboa sostuvo que Colombia no actuaba con suficiente firmeza frente al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera compartida, y que Ecuador había decidido usar el instrumento arancelario como palanca de presión. Era la primera vez en la historia del bloque andino que un país miembro justificaba una barrera comercial con ese razonamiento, importando así la lógica proteccionista que Donald Trump había instalado en el debate global.
La respuesta colombiana no se hizo esperar. El gobierno del presidente Gustavo Petro activó aranceles equivalentes sobre un grupo de productos ecuatorianos y suspendió las Transacciones Internacionales de Electricidad que suministraban energía al país vecino, un recurso que Ecuador había utilizado para paliar sus históricas crisis de abastecimiento eléctrico. A partir de ese momento, la escalada se volvió automática: Ecuador elevó su tasa al 50 % en marzo y al 100 % en abril; Colombia igualó la medida de forma progresiva. En cuestión de tres meses, dos países que llevaban décadas construyendo uno de los intercambios comerciales más dinámicos de América del Sur habían levantado muros arancelarios que duplican el costo de internación de cualquier mercancía.
Las cifras que dejaron los primeros meses de vigencia de las medidas son reveladoras. De acuerdo con datos del Banco Central de Ecuador, solo en febrero de 2026, mes en que entró en vigor el primer arancel, el comercio bilateral cayó un 44 % en términos globales. Las importaciones ecuatorianas desde Colombia se contrajeron un 66 % interanual, pasando de 147 millones a 43 millones de dólares. Del lado colombiano, la asociación Analdex registró que las exportaciones hacia Ecuador retrocedieron un 27,1 % en los dos primeros meses del año, desde 344 millones a 251 millones de dólares. En el corredor fronterizo, los transportistas de carga pesada reportaron reducciones de hasta el 95 % en el flujo de mercancías hacia Colombia durante febrero, y realizaron movilizaciones para exigir la suspensión de los aranceles.
El impacto sectorial es amplio y atraviesa cadenas productivas enteras. Colombia exportaba a Ecuador productos farmacéuticos, energía eléctrica, azúcar, combustibles para aviación, vehículos y café sin tostar, además de manufacturas industriales. Ecuador enviaba a Colombia atún enlatado, camarón congelado, aceite de palma, madera y derivados. Con aranceles del 100 %, muchos de estos flujos simplemente se paralizaron. Los gremios empresariales de ambos países emitieron pronunciamientos conjuntos en marzo advirtiendo que alrededor de 300 000 empleos estaban en riesgo: 200 000 en Ecuador y 100 000 en Colombia. Cerca de 7 600 importadores ecuatorianos y 2 700 empresas colombianas reportaron afectaciones directas. La Cámara de Comercio de Ipiales estimó pérdidas de 5,5 millones de dólares diarios solo en la frontera colombiana.
El conflicto arrastra consigo consecuencias que van más allá de lo bilateral. La Comunidad Andina de Naciones, bloque de integración que agrupa a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que moviliza más de 9 000 millones de dólares en exportaciones intrarregionales conectando a cerca de 10 000 empresas, enfrenta su crisis institucional más grave desde su creación. La imposición de aranceles recíprocos entre dos países miembros vulnera el Acuerdo de Cartagena, que prohíbe expresamente los gravámenes al comercio intracomunitario. Colombia presentó una reclamación formal ante la Secretaría General de la CAN, mientras que Petro llegó a insinuar públicamente que el conflicto podría marcar el fin de la participación de su país en el bloque. De concretarse esa salida, la CAN perdería su economía más grande, con 53 millones de habitantes que representan cerca del 45 % de la población total del bloque.
Para Chile, la crisis tiene una dimensión concreta que merece atención. El país mantiene un Acuerdo de Complementación Económica con Ecuador y un tratado de libre comercio con Colombia, y ambos mercados forman parte de la red regional a través de la cual los exportadores chilenos colocan frutas frescas, manufacturas forestales, plásticos, productos de hierro y acero, y servicios especializados. El intercambio bilateral entre Chile y Ecuador superaba los 2 000 millones de dólares anuales antes de la pandemia, y el país andino ha sido históricamente uno de los destinos de diversificación más accesibles para las pequeñas y medianas empresas chilenas que dan sus primeros pasos en exportación. La inestabilidad arancelaria en el corredor Colombia-Ecuador eleva la incertidumbre logística, encarece el tránsito de mercancías y dificulta la planificación de los operadores chilenos que usan esa ruta para llegar a mercados del norte andino.
El conflicto también abre un interrogante más amplio sobre el modelo de integración latinoamericana. Por primera vez desde que Trump popularizó el uso de aranceles por razones de seguridad, un país de la región replicó esa lógica contra un vecino con el que comparte décadas de acuerdos de libre comercio. Si el patrón se consolida, el precedente puede ser invocado por otros gobiernos de la región para justificar medidas similares, erosionando los marcos institucionales que sostienen el comercio intrarregional. La Secretaría General de la CAN, el Parlamento Andino y el Consejo Consultivo Empresarial Andino publicaron un comunicado conjunto exhortando a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada con carácter urgente, y el secretario general del organismo, Gonzalo Gutiérrez, planteó la posibilidad de que la banca multilateral aporte fondos para fortalecer las capacidades fronterizas de ambos países.
Por ahora, los aranceles del 100 % siguen vigentes. Los canales diplomáticos permanecen deteriorados, con los embajadores llamados a consultas desde marzo. Y mientras los presidentes intercambian acusaciones en el plano político, los sectores productivos de ambos lados de la frontera acumulan pérdidas que, en palabras del exministro de Economía de Ecuador, Fausto Ortiz, tomarán un proceso largo para ser restaurados. El comercio, como siempre, paga el costo de los conflictos que los gobiernos no logran resolver en la mesa de negociación.