La salmonicultura y el sector frutícola reaccionan con preocupación ante la recomendación de la USTR de aplicar un gravamen del 12,5% a los productos chilenos. El Gobierno descarta el dramatismo, pero reconoce que el proceso exige una respuesta activa y coordinada.
El martes 2 de junio de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó la determinación final de una investigación que había comenzado en marzo, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La conclusión del organismo fue categórica: Chile, junto con otras 53 economías, no ha logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La consecuencia directa de esa calificación es una propuesta arancelaria: un gravamen adicional del 12,5% sobre la totalidad de los productos chilenos que ingresan al mercado estadounidense. La medida, de concretarse, superaría el arancel del 10% que la administración del presidente Donald Trump ya había impuesto al país como parte de las medidas del llamado «Día de la Liberación», cuya vigencia quedó parcialmente en suspenso tras una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En total, la investigación abarca a 60 economías. Dentro de ese universo, 54 países —entre los que figura Chile— quedarían sujetos a la tasa del 12,5%, mientras que otras seis naciones, entre ellas Canadá, México y la Unión Europea, recibirían un arancel del 10% por haber establecido formalmente una prohibición, aunque sin aplicarla con efectividad. La nómina de afectados incluye a economías tan diversas como Brasil, Argentina, India, China, Japón, Perú, Turquía y el Reino Unido, entre otras.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, fue enfático al defender la medida. En el comunicado oficial sostuvo que la falta de acción de los socios comerciales en materia de trabajo forzoso «crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir en condiciones desiguales» y llamó a cada socio a hacer más para evitar que el comercio global fomente esa práctica.
LA SECCIÓN 301: UNA HERRAMIENTA CON HISTORIA
El instrumento legal que sustenta la investigación no es nuevo. La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 otorga al gobierno estadounidense amplias facultades para investigar prácticas comerciales de otros países que considera injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para el comercio de Estados Unidos. La misma sección fue utilizada extensamente durante el primer mandato de Trump en el contexto de la guerra comercial con China, donde sirvió de base para una escalada arancelaria sin precedentes modernos.
En el caso actual, la USTR sostiene que el incumplimiento de los países investigados en materia de trabajo forzoso «restringe el comercio de EE.UU.» al someter a los productores estadounidenses a una competencia desleal, tanto en el mercado interno como en terceros mercados. La acusación específica contra Chile señala que el país «ha fallado en imponer y aplicar de manera efectiva» dicha prohibición, situación que califica como «irrazonable».
EL SALMÓN Y LA FRUTA: DOS SECTORES CON MUCHO QUE PERDER
Las reacciones desde el sector exportador chileno no tardaron en llegar. Para la industria salmonicultura, la magnitud del riesgo se comprende mejor con cifras: en el primer trimestre de 2026, las exportaciones de salmón y trucha al mercado estadounidense alcanzaron los 779 millones de dólares, lo que posiciona a Estados Unidos como el principal destino del producto. Durante 2025, el sector cerró el año con envíos totales de 6.549 millones de dólares, consolidándose como el segundo producto más exportado del país, detrás del cobre y por encima de las frutas.
Patricio Melero, presidente de SalmonChile, advirtió que la propuesta genera «preocupación para la salmonicultura chilena, una actividad estratégica para el país y las regiones del sur». El gremio fue explícito en señalar que un aumento de la carga arancelaria «afectaría la competitividad del sector y profundizaría los efectos que ya ha generado el arancel vigente». SalmonChile anunció que participará activamente en la consulta pública para aportar antecedentes sobre los estándares bajo los cuales opera la industria y su relevancia para el abastecimiento del mercado norteamericano.
El sector frutícola, por su parte, adoptó una postura más cautelosa. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, remarcó que la medida es, por ahora, «una recomendación del USTR no vinculante» y que no tiene efecto inmediato. El dirigente destacó además que la propuesta no afecta exclusivamente a Chile: entre los países incluidos figuran Perú y Nueva Zelanda, competidores directos en el mercado internacional de frutas frescas, lo que amortigua parcialmente el efecto diferenciador sobre las exportaciones nacionales. El gremio también recordó que el Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos, suscrito en 2004, resguarda la posición comercial del país.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: NEGOCIACIÓN Y CAUTELA
La reacción del Ejecutivo ha sido tranquilizadora. El canciller Francisco Pérez Mackenna fue el primero en tomar la palabra. Su mensaje fue directo: se trata de «una recomendación no vinculante», Chile seguirá negociando y el TLC con Estados Unidos «sigue completamente vigente».
Pérez Mackenna destacó que el país ha participado en todas las instancias del proceso, desde la consulta pública hasta las instancias de diálogo entre gobiernos, y que la Cancillería coordinó su respuesta con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, «alineada con los estándares y principios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo». La autoridad subrayó que el Gobierno continuará desplegado en las conversaciones con sus contrapartes, «con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones».
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue igualmente categórico al descartar el alarmismo: «Esta es una recomendación, no es una medida. El Gobierno está trabajando para revertirla». En el mismo sentido, economistas como Juan Ortiz, del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, relativizaron el impacto, señalando que el 12,5% representa un incremento marginal respecto del arancel del 10% ya vigente y recordando que el principal producto de exportación a Estados Unidos —el cobre— no está alcanzado por este tipo de gravamen.
LOS PLAZOS Y LO QUE VIENE
La propuesta de la USTR no se transforma automáticamente en una medida ejecutable. El proceso contempla una fase de consulta pública durante los meses de junio y julio, en la que empresas, asociaciones gremiales, gobiernos y cualquier parte interesada pueden presentar antecedentes y argumentos. Las solicitudes de comparecencia en las audiencias públicas deben presentarse antes del 22 de junio de 2026. Los comentarios escritos tienen plazo hasta el 6 de julio. Las audiencias públicas están fijadas para el 7 de ese mes.
Solo una vez concluida esa etapa, Washington adoptará una decisión definitiva. En ese intervalo, Chile tiene una ventana concreta para construir un caso sólido: los estándares laborales de sus industrias exportadoras, el marco normativo vigente, el historial de cumplimiento comercial y la fortaleza del TLC bilateral son argumentos disponibles que, bien articulados, pueden incidir en el resultado final.
Lo que está en juego no es menor. El mercado estadounidense es el destino más relevante para varias de las principales exportaciones no mineras del país. Para el salmón, concentra más de un tercio de los envíos totales. Para las frutas, representa un destino de alto valor con exigentes estándares fitosanitarios que el país ya cumple. Una escalada arancelaria sostenida no solo afectaría la rentabilidad de las empresas del sector: golpearía el empleo en regiones cuya base productiva depende directamente de esas industrias.
Chile tiene argumentos. Tiene plazos. Y, por primera vez en esta disputa concreta, tiene una instancia formal para usarlos.
Fuentes: USTR (Oficina del Representante Comercial de EE.UU.), SalmonChile, Frutas de Chile, Cancillería de Chile, Ministerio de Hacienda, Banco Central de Chile, ProChile, Diario Financiero, Emol, BioBioChile, CNN Chile, T13, Meganoticias.