La escalada del conflicto en Medio Oriente a partir de finales de febrero de 2026 ha desencadenado una de las disrupciones más relevantes en el transporte marítimo global de los últimos años. Los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos por respuestas que incluyen amenazas y restricciones parciales en el Estrecho de Ormuz, han tensionado un punto crítico para el suministro energético mundial y, por extensión, para toda la cadena logística internacional.
El Estrecho de Ormuz constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio global, concentrando aproximadamente una quinta parte del tránsito mundial de petróleo y gas natural licuado. Las restricciones observadas en las últimas semanas, junto con ataques a infraestructura energética en países del Golfo, han reducido significativamente los flujos de crudo, generando un alza abrupta en los precios internacionales. El barril de Brent, que se situaba en torno a los 65 a 70 dólares antes de la crisis, ha alcanzado niveles cercanos a los 100 dólares, con episodios de alta volatilidad y primas de riesgo sostenidas.
Este incremento en el precio del petróleo ha tenido un efecto inmediato en los costos operativos de la industria naviera, particularmente en el combustible marítimo o búnker. A ello se suma el resurgimiento de amenazas en el Mar Rojo, lo que ha obligado a las principales compañías de transporte marítimo a replantear sus rutas y estrategias operativas.
Las grandes navieras han optado por desviar sus servicios desde Asia hacia Europa y el Mediterráneo evitando el Canal de Suez y el Mar Rojo, privilegiando la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Esta decisión, aunque necesaria desde el punto de vista de la seguridad, implica un aumento significativo en los tiempos de tránsito, que pueden extenderse entre diez y veinte días adicionales por viaje. Asimismo, incrementa el consumo de combustible en un contexto de precios elevados, lo que impacta directamente en los costos finales del transporte.
Paralelamente, las aseguradoras han elevado considerablemente las primas de riesgo de guerra, en algunos casos multiplicándolas por cinco o más respecto de los niveles previos. Esto ha derivado en la aplicación de recargos adicionales por parte de las navieras, que incluyen costos por combustible, congestión portuaria y riesgos operacionales.
Desde la perspectiva del mercado, esta situación ha revertido las expectativas existentes para 2026. A inicios de año, se proyectaba un escenario de sobrecapacidad en la flota mundial y una tendencia a la baja en las tarifas de flete. Sin embargo, los desvíos de rutas y la menor disponibilidad efectiva de naves han reducido esa sobreoferta, generando una presión alcista en los precios del transporte marítimo y aumentando la congestión en diversos puertos a nivel global.
Para Chile, país altamente dependiente del comercio exterior, los efectos son significativos. En el ámbito de las importaciones, se observa un incremento en los costos logísticos y mayores tiempos de tránsito, lo que afecta la planificación de inventarios y encarece los bienes importados. En el caso de las exportaciones, especialmente aquellas sensibles a los tiempos de entrega, como los productos perecibles, la incertidumbre logística representa un riesgo adicional que puede afectar la competitividad en los mercados de destino.
En este contexto, los agentes de aduana enfrentan un entorno particularmente desafiante. La constante modificación de itinerarios, la necesidad de actualizar documentos de transporte y la variabilidad en los costos asociados a las operaciones exigen un mayor nivel de atención, coordinación y capacidad de respuesta. Su rol evoluciona desde una función principalmente operativa hacia una de carácter estratégico, donde la anticipación y la gestión de contingencias resultan fundamentales.
Asimismo, el alza del petróleo no solo impacta al transporte marítimo, sino que también repercute en toda la cadena productiva, incluyendo la industria petroquímica, el transporte terrestre y los costos energéticos en general. Este fenómeno contribuye a presiones inflacionarias a nivel global y podría incidir en una desaceleración del comercio internacional si las condiciones se mantienen en el tiempo.
En definitiva, la crisis actual refleja una reconfiguración del sistema logístico global impulsada por factores geopolíticos y energéticos. A diferencia de episodios anteriores, donde la disrupción estuvo asociada a cambios en la demanda, el escenario actual responde a restricciones en la oferta y riesgos operacionales. La evolución de este contexto dependerá en gran medida de la estabilidad en Medio Oriente y de la capacidad de los actores internacionales para reducir las tensiones en una de las zonas más estratégicas para el comercio mundial.