Una sesión de doce horas, más de 1.600 indicaciones y un campanazo a medianoche. Así avanzó la reforma económica más ambiciosa del gobierno de José Antonio Kast.
A las 23:59 del miércoles 13 de mayo, el diputado Agustín Romero hizo sonar la campana. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cerró oficialmente el debate y activó el mecanismo reglamentario que el oficialismo había defendido durante días: votación sin intervenciones, artículo por artículo, hasta agotar el comparado de más de 3.000 páginas que los funcionarios del Congreso habían estado procesando desde la tarde.
Era el desenlace de una de las sesiones legislativas más largas y tensas que recuerde el Parlamento en años. Afuera del hemiciclo, diputados de oposición cruzaban palabras con el presidente de la comisión. En los pasillos, asesores y abogados tributarios monitoreaban en tiempo real el destino de cada artículo del proyecto de Ley de Reconstrucción y Reactivación Nacional, conocido como Ley Miscelánea.
El resultado de esa noche fue decisivo. Chile aprobó los cambios tributarios más significativos de la última década.
LA REBAJA QUE EL EMPRESARIADO ESPERABA HACE AÑOS
El corazón del proyecto siempre estuvo en el artículo 10. La propuesta era reducir el impuesto de Primera Categoría —el gravamen que pagan las grandes empresas sobre sus utilidades— desde el 27% vigente hasta el 23%, en un proceso gradual de tres etapas: 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% en 2029.
La votación fue ajustada, pero suficiente: nueve votos a favor, tres en contra y una abstención. El Partido de la Gente (PDG) terminó alineándose con el oficialismo, mientras la Democracia Cristiana optó por abstenerse y el Partido Comunista, el Frente Amplio y el independiente Carlos Bianchi votaron en contra.
La gradualidad no fue casual. Hacienda diseñó el cronograma para evitar un impacto inmediato en las finanzas fiscales, que ya arrastraban presiones conocidas. La idea era enviar una señal política clara a los mercados sin erosionar los ingresos del Estado de golpe. Comparado con lo que el propio Kast había planteado durante la campaña presidencial —donde se hablaba de una rebaja más agresiva para generar un «shock de inversión»—, el esquema aprobado resulta más contenido, pero políticamente viable.
Para el mundo empresarial, la medida tiene un efecto concreto: en menos de 18 meses, la carga tributaria sobre las utilidades comenzará a reducirse, mejorando los retornos esperados sobre inversiones y facilitando la planificación financiera de mediano plazo.
En el mismo bloque fue aprobado el artículo 11, que avanza en la reintegración del sistema tributario: la gradual eliminación de la doble tributación que hoy afecta a los socios de grandes empresas cuando retiran utilidades. Con el sistema integrado, el impuesto pagado a nivel corporativo se puede descontar del impuesto global complementario personal, reduciendo la carga efectiva total sobre los propietarios.
EL FIN DEL IMPUESTO BURSÁTIL
Menos debatido públicamente, pero igualmente relevante para el mercado financiero, fue el artículo que elimina el impuesto del 10% a las ganancias de capital obtenidas en operaciones bursátiles líquidas —el denominado artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta.
Este gravamen había sido una demanda histórica de los actores del mercado de capitales, que argumentaban que desincentivaba la actividad bursátil y reducía la liquidez del mercado secundario. La bolsa chilena ha perdido dinamismo relativo frente a otras plazas de la región en los últimos años, y la eliminación de este impuesto apunta a revertir parte de ese deterioro.
La medida fue aprobada con la misma votación que la rebaja del impuesto corporativo, en un paquete que Hacienda defendió como indisociable.
EL CRÉDITO AL EMPLEO: LA NEGOCIACIÓN MÁS FINA
De todas las medidas que componen la Ley Miscelánea, el crédito tributario a la retención y formalización de trabajadores fue la que generó más fricciones técnicas y políticas. Su costo fiscal —estimado en US$1.400 millones anuales— lo convirtió en el blanco principal de las advertencias del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal Autónomo, que alertaron sobre el riesgo de que el proyecto resulte deficitario en el largo plazo.
En su diseño original, el crédito era una tasa plana del 15% sobre las remuneraciones mensuales de trabajadores que ganasen entre 7,8 y 12 UTM (aproximadamente entre 550.000 y 838.000 pesos). Las empresas podían imputar ese porcentaje al impuesto de Primera Categoría, al IVA o a los pagos provisionales mensuales.
La lógica era simple: premiar a las empresas que mantengan trabajadores formales en ese tramo de ingresos, con la esperanza de que eso frene la destrucción de empleo y fomente nuevas contrataciones. Los críticos señalaron desde el principio que el mecanismo beneficia la retención de empleos existentes más que la creación de nuevos puestos.
Fue precisamente esa crítica —amplificada por parlamentarios de gobierno como el RN Diego Schalper y de oposición como el independiente Carlos Bianchi— la que llevó al ministro Quiroz a ofrecer una reformulación. El crédito dejó de ser plano y pasó a diferenciarse según el perfil del trabajador.
La nueva estructura aprobada por la comisión establece una tasa base del 14%, que sube al 15% si el beneficiario es una mujer y baja al 13% si es un hombre mayor de 25 años. En ambos casos, si el trabajador tiene menos de 25 años, se suman 1,5 puntos porcentuales adicionales. El resultado: el beneficio máximo llega al 16,5% para mujeres menores de 25 años, y el mínimo es del 13% para hombres adultos.
La decisión no fue solo técnica. Fue también un reconocimiento explícito de que las mujeres y los jóvenes enfrentan barreras de inserción laboral desproporcionadas en Chile. El desempleo juvenil supera el 20% y la brecha de participación laboral femenina sigue siendo una de las más altas de la OCDE.
Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, el rediseño implica un ahorro marginal para el fisco de 39.000 millones de pesos en el primer año de vigencia respecto al diseño original.
No todo fue aprobación esa noche.
La derrota más llamativa fue el rechazo al artículo que proponía derogar la franquicia tributaria Sence, el mecanismo que permite a las empresas financiar capacitación laboral descontando hasta el 1% de sus remuneraciones imponibles del pago de impuestos. La medida cayó con los votos en contra de Renovación Nacional, sumados a la oposición y al PDG.
También fue rechazado el artículo 8, que permitía el uso de contenidos protegidos por derechos de autor —textos, sonidos, imágenes— para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial sin pago de regalías. La norma había generado fuerte resistencia de la industria creativa y de varios parlamentarios de distintos sectores, que la consideraban una cesión excesiva frente a los intereses de las grandes plataformas tecnológicas.
LO QUE VIENE
El proyecto sale de la Comisión de Hacienda con sus medidas más relevantes aprobadas, pero con un articulado que aún debe revisarse en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo antes de llegar a la Sala de la Cámara. La fecha estimada para la votación en Sala es el 20 de mayo.
Luego vendrá el Senado, donde el proyecto enfrentará un segundo trámite constitucional. Si hay diferencias entre ambas cámaras, el texto irá a comisión mixta. El timing real del proceso dependerá del nivel de acuerdo político que el Ejecutivo logre construir en las próximas semanas.
Lo que quedó claro esa noche es que Chile tiene ya una dirección definida en materia tributaria: menos carga sobre las empresas, incentivos diferenciados al empleo formal y una apuesta por recuperar dinamismo en el mercado de capitales. Si esa dirección se traduce en inversión y empleo efectivos, es la pregunta que el país tardará algunos años en responder.